• La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha demandado a Coinbase y Gemini, acusando a ambas plataformas de criptomonedas de infringir las leyes estatales sobre juegos de azar a través de sus ofertas de mercados de predicción, alegando incumplimientos de las obligaciones fiscales estatales y de los requisitos de restricción de edad
• James sostiene que las plataformas entran dentro de la definición legal de juego de Nueva York y están exponiendo a los residentes menores de 21 años a plataformas adictivas sin las garantías adecuadas, afirmando que «el juego, aunque se llame de otra forma, sigue siendo juego»
• El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, ha rebatido estas acusaciones, argumentando que los mercados de predicción son bolsas nacionales reguladas a nivel federal bajo la jurisdicción de la CFTC y que la cuestión ya está siendo objeto de litigio en un tribunal federal de Nueva York
• La CFTC ha adoptado una postura cada vez más firme en defensa del sector; su presidente, Michael Selig, ha argumentado que la agencia tiene jurisdicción exclusiva sobre los mercados de predicción, y la CFTC ha demandado a Arizona, Connecticut e Illinois a principios de este mes por sus propios intentos de restringir las plataformas
• Las demandas se producen después de que tanto Coinbase como Gemini anunciaran a finales del año pasado su incursión en los mercados de predicción, sumando así dos de los nombres más destacados de la industria de las criptomonedas a una lista cada vez mayor de plataformas que se enfrentan a impugnaciones legales a nivel estatal

Nueva York ha abierto un nuevo frente en la guerra de los mercados de predicción de Estados Unidos

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda contra Coinbase y Gemini, situando a dos de los nombres más reconocidos de la industria de las criptomonedas en el centro de la creciente batalla legal estadounidense sobre los mercados de predicción. Las demandas, presentadas el martes, acusan a ambas plataformas de llevar a cabo operaciones de juego ilegales en violación de la ley del estado de Nueva York, y James argumenta que la etiqueta de «mercados de predicción» no cambia la naturaleza fundamental de lo que ofrecen las plataformas.

El fundamento jurídico de la acción de James se basa en la definición de juego de azar de Nueva York y su marco regulatorio asociado. Se acusa a ambas plataformas de incumplir las obligaciones fiscales estatales y, lo que es más grave, de no aplicar la restricción de edad de 21 años establecida por Nueva York para los productos de juego. Esta segunda acusación añade una dimensión de protección del consumidor que va más allá de la disputa jurisdiccional que subyace a la mayoría de los casos sobre mercados de predicción a nivel estatal, enmarcando la cuestión no solo como un asunto de impuestos y licencias, sino como un incumplimiento de la obligación de proteger a los usuarios jóvenes frente a productos adictivos.

James fue directa en su caracterización de las plataformas, describiéndolas como operaciones de juego ilegales que carecen de las medidas de seguridad exigidas a los productos de juego con licencia en Nueva York. La referencia a las características adictivas y a la protección inadecuada de los consumidores se hace eco del lenguaje que utilizó la ANJ francesa a principios de este año cuando advirtió de que las plataformas de mercados de predicción amplifican las cualidades adictivas del juego sin proporcionar los mecanismos de protección que los operadores con licencia están obligados a mantener.

El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, respondió con rapidez y contundencia, reiterando el contraargumento habitual del sector: que los mercados de predicción son bolsas nacionales reguladas a nivel federal que operan bajo la supervisión de la CFTC, y que el Congreso pretendía que se aplicara la jurisdicción federal en lugar de la estatal. Grewal señaló que el asunto ya se está litigando en un tribunal federal de Nueva York, lo que indica que Coinbase tiene la intención de impugnar la acción estatal por motivos jurisdiccionales, en lugar de abordarla en cuanto al fondo.

Gemini no había emitido una respuesta pública en el momento de redactar este artículo.

El momento en que se produce la acción de Nueva York es notable, dada la postura cada vez más agresiva de la CFTC en defensa del sector. El presidente Michael Selig ha argumentado públicamente que su agencia tiene jurisdicción exclusiva sobre los mercados de predicción, y la CFTC tomó medidas a principios de este mes para demandar a Arizona, Connecticut e Illinois por sus propios intentos de restringir las plataformas de mercados de predicción dentro de sus fronteras. Esa intervención federal en los esfuerzos reguladores estatales representa una escalada significativa y establece una confrontación directa entre la autoridad federal y las competencias estatales en materia de protección del consumidor que, en última instancia, deberá resolverse en los más altos niveles del sistema jurídico estadounidense.

Kalshi, que ha estado enfrentándose a impugnaciones a nivel estatal en todo el país, demandó anteriormente a Nueva York por sus propias iniciativas reguladoras contra la plataforma. La incorporación de Coinbase y Gemini a la lista de empresas que se enfrentan a la acción de Nueva York eleva significativamente el perfil de la disputa y aumenta la presión comercial y política sobre ambas partes para buscar una resolución definitiva.

La entrada de Nueva York cambia la magnitud de esta batalla

La mayoría de los casos a nivel estatal relacionados con los mercados de predicción hasta la fecha han involucrado a reguladores de mercados que, aunque importantes, no constituyen el centro de gravedad financiero y jurídico estadounidense. Nueva York es diferente. Como sede de Wall Street, del entorno regulatorio financiero más sofisticado del país y de uno de sus mayores mercados de consumo, una acción del fiscal general de Nueva York tiene un peso que una orden de la junta de juegos de azar de Nevada o una acusación por delito menor en Arizona simplemente no tienen. La decisión de James de apuntar específicamente a Coinbase y Gemini, en lugar de a operadores nativos de los mercados de predicción como Kalshi, también cambia el cálculo político y comercial. Se trata de empresas que cotizan en bolsa, con participación institucional, con miles de millones en capitalización bursátil, amplios recursos legales y fuertes incentivos para luchar en lugar de llegar a un acuerdo. La batalla legal de los mercados de predicción acaba de adquirir a dos de sus acusados más formidables.

El argumento de la restricción de edad es la carta más fuerte de los estados

Entre las diversas teorías jurídicas que se están esgrimiendo contra los mercados de predicción a nivel estatal, el argumento de la restricción de edad merece una atención especial. La disputa jurisdiccional sobre si la CFTC o los reguladores estatales del juego tienen autoridad sobre los contratos de eventos es una cuestión jurídica compleja y genuinamente controvertida. Pero el argumento de que las plataformas están exponiendo a usuarios menores de 21 años a productos similares al juego sin controles adecuados de verificación de edad es más convincente a nivel visceral y considerablemente más difícil de desestimar por parte del sector por motivos técnicos. Si los estados pueden demostrar que los menores acceden a las plataformas de mercados de predicción sin las salvaguardias exigidas a los operadores de juego con licencia, desplazan el debate de la teoría jurisdiccional abstracta al perjuicio concreto para el consumidor. Esa es una posición mucho más sólida desde la que solicitar la intervención judicial, y es una que incluso una CFTC favorable a la industria tendrá dificultades para defender públicamente.

La ofensiva legal de la CFTC contra los estados es una apuesta de alto riesgo

La decisión de la CFTC de demandar a Arizona, Connecticut e Illinois por sus restricciones a los mercados de predicción, y su afirmación más amplia de la jurisdicción federal exclusiva, representa una audaz elección estratégica que podría resolver definitivamente la cuestión entre los estados y el gobierno federal a favor de la industria o desencadenar un enfrentamiento constitucional que haga retroceder significativamente al sector. Las agencias federales no suelen demandar a los estados por cuestiones de jurisdicción regulatoria sin tener una gran confianza en su posición jurídica, y las declaraciones públicas de Selig sugieren que la CFTC cree que se encuentra en una posición sólida. Sin embargo, el entorno político que rodea a los mercados de predicción, especialmente tras la audiencia del Congreso que puso de manifiesto una profunda inquietud en Washington respecto al uso de información privilegiada y la integridad del mercado, implica que una victoria de la CFTC en los tribunales no se traduciría necesariamente en una aceptación política del marco regulatorio actual. El sector necesita tanto la reivindicación jurídica como la legitimidad política, y no hay garantía de que ambas lleguen de la mano.